• Martes, Noviembre 19th, 2019

19 de noviembre, undécimo aniversario de la ignominia de Iruña-Veleia

Hace 11 años, el 19 de noviembre de 2008, una Comisión autodenominada Científica- Asesora, formada mayoritariamente por profesores de la EHU/UPV y dirigida por una política, la diputada de Cultura de la Diputación de Álava, declaraba falsos los alrededor de 400 grafitos “excepcionales” hallados en Iruña-Veleia por el equipo de Lurmen.  Ese fatídico día, de los diez informes científicos solicitados, solamente uno había sido entregado. Más tarde pudimos comprobar que, en contra de la unanimidad científica proclamada por la Comisión, no todos los informes abogaban por la falsedad;  por ej., el informe químico, el más relevante en un asunto como en el que nos ocupa, no concluye ni falsedad ni veracidad. La toma de decisión, en definitiva, estuvo lejos de ser rigurosa.

Al poco tiempo la diputación interpuso una querella contra el director Eliseo Gil y el geólogo Oscar Escribano por “daños al patrimonio”. En el transcurso de 2009 y 2010 Lurmen presentó en el juzgado 20 contrainformes elaborados por especialistas de renombre en arqueología, euskera, latín, egiptología, geoquímica, etc., que rebaten uno por uno los argumentos de la Comisión. Sostienen que los grafitos pueden ser buenos y que la práctica arqueológica de Lurmen ha sido correcta. Entre otros referentes internacionales, podríamos citar los nombres del arqueólogo británico Edward Harris, de la egiptóloga alemana Ulrike Fritz o del epigrafista gallego Antonio Rodríguez Colmenero. Hay que señalar que sus autores son de diversas nacionalidades, que los informes suman más de 2.100 pgs., y que nadie ha cobrado un euro por su elaboración. Sin embargo, los informes de la Comisión, no pasan de las 400 pgs., y fueron pagados a 1.800 euros cada uno. Estos informes, tanto los de la comisión como los posteriores contrainformes, se encuentran accesibles en la web de SOS Iruña-Veleia.

En vista de la diversidad de opiniones,  Lurmen, así como los grupos que abogan por el esclarecimiento del caso, han exigido desde el primer momento la realización de pruebas analíticas determinantes en laboratorios europeos especializados en Arqueometría así como excavaciones controladas en lugares próximos a los señalados por los arqueólogos como puntos de aparición de los grafitos. Esto es, tomar el camino de la ciencia para poder cerrar la controversia. En 2018, 140 personas relevantes de la cultura y de la política, entre las que se encontraban nombres como Benito Lertxundi, GarbiñeBiurrun, Patxi Zabaleta o Fermín Muguruza, firmaban un documento con la citada propuesta. Una propuesta de sentido común que, más allá de las opiniones académicas, en poco tiempo podría resolver definitivamente el caso, pero que ni siquiera ha sido considerada por el Juzgado de Vitoria-Gasteiz ni por la Diputación Foral de Álava.

La fase de instrucción ha sido increíble e interminable. A pesar de que las personas investigadas sean solamente tres, la Ertzaintza ha tardado más de seis años en completar su informe policial. El juzgado ha necesitado más de ocho para cerrar la instrucción, y  aún tendrán que pasar otros tres años más para que comience el juicio, anunciado para febrero de 2020. Once años de dilación injustificada y de “pena de banquillo” para los acusados, una auténtica tortura. Interpretamos que ha habido una clara voluntad de dejar pudrir el caso por motivos no muy difíciles de adivinar.

Eliseo Gil y Oscar Escribano se enfrentan a largos años de cárcel (siete y medio y tres y medio respectivamente), y a una multa de casi 300.000 euros “por daños al patrimonio”. Y ello cuando a día de hoy, no se ha demostrado científicamente que ninguno de los grafitos sea falso, y mucho menos que los encausados sean los autores de los mismos. No podemos pasar por alto que es la Diputación de Álava la querellante, que ésta ha pedido incluso penas superiores a la Fiscalía del Estado, y que ha sido EuskoJaurlaritza la que ha realizado la surrealista valoración de los supuestos “daños al patrimonio”, a 600 euros cada fragmento, cuando su valor real, en caso de considerarlos falsificaciones, sería prácticamente nulo.

Por todo lo dicho, pedimos a las citadas instituciones que retiren provisionalmente los cargos y promuevan las analíticas arqueométricas y las excavaciones controladas. Aún estamos a tiempo. A su vez, pedimos a la opinión pública que alce su voz ante la enorme injusticia que se está cometiendo. Un posible tesoro cultural y lingüístico, que afecta directamente a la historia del euskera y a otras áreas de conocimiento, está en peligro de terminar en el vertedero; y personas presuntamente inocentes, que ya han sufrido lo indecible, están en peligro de terminar en la cárcel.

Tenemos que evitar a toda costa un cierre en falso, ya que la controversia podría colear durante generaciones. Queremos saber la verdad, sea cual sea. Tenemos ese derecho.

IRUÑA-VELEIA ARGITU

19 de noviembre de 2019

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