Principales conclusiones de Miguel Thomson:
1) La comisión constituida por la DFA se creó como comisión “asesora” del equipo arqueológico, no como comisión evaluadora de la autenticidad o falsedad de los hallazgos. Si la comisión asesora hubiera encontrado suficientes indicios para sospechar la existencia de fraude, debería haberse iniciado un proceso de evaluación científica propiamente dicha para investigar la autenticidad o falsedad de los hallazgos, el cual no se ha llevado a cabo.
2) La presidenta de la comisión que evaluó los hallazgos ostentaba un cargo político, cuando el máximo responsable de dirigir y coordinar el proceso de evaluación científica, de seleccionar a los evaluadores y de redactar las conclusiones finales debería de ser un experto de reconocido prestigio de alguna de las principales disciplinas implicadas en el estudio de los hallazgos.
3) La composición del equipo de expertos estaba fuertemente sesgada, utilizándose criterios impropios de una evaluación científica en la selección de sus miembros, como la nacionalidad (13 de los 16 autores de los informes son de nacionalidad española) o la institución de procedencia (10 proceden de la Universidad del País Vasco), cuando se deberían haber elegir los mejores especialistas, independientemente de su nacionalidad o institución de origen; es más, es importante que procedan de distintas instituciones, con el fin de garantizar la independencia de las evaluaciones y evitar influencias mutuas.
4) Es importante que cada una de las disciplinas relevantes para el estudio de los hallazgos cuente con múltiples expertos. En los hallazgos de Iruña -Veleia, los grafitos con inscripciones en latín vulgar constituyen una amplia mayoría, y, sin embargo, la comisión carecía de latinistas especializados en el latín vulgar del Imperio tardío, época en la que fueron datados estratigráficamente los hallazgos. La comisión tampoco contó con arqueómetras, siendo inexplicable esta ausencia, ya que la arqueometría es la más decisiva de las ciencias a la hora de datar hallazgos arqueológicos controvertidos.
5) Es fundamental que las evaluaciones sean independientes entre sí. Para garantizar esta independencia, es necesario que los evaluadores no tengan acceso a los informes de los otros evaluadores hasta que finalice el proceso de evaluación. Es evidente que esto no ha ocurrido en el caso de Iruña-Veleia por las citas mutuas de los informes y por la extraña coincidencia en múltiples errores en las lecturas o en las interpretaciones de los grafitos.
6) En la selección de evaluadores deben excluirse de antemano aquellos que ya tengan una opinión formada sobre el hallazgo objeto de estudio. Entre los miembros de la comisión, hubo dos (Joaquín Gorrochategui y Joseba Lakarra) que manifestaron públicamente sus fuertes sospechas de fraude antes de escribir sus informes, dejando claro uno de ellos (Joseba Lakarra) que antes de formar parte de la comisión ya estaba seguro de su falsedad.
7) Otro criterio habitual de exclusión en un proceso de evaluación científica es la existencia de conflictos de intereses, de manera que el evaluador no pueda beneficiarse de su evaluación. Sin embargo, vemos que uno de los evaluadores, el arqueólogo Julio Núñez, fue a la vez juez y beneficiario, al ser nombrado director de la excavación tras la expulsión de Eliseo Gil.
La DFA no ha seguido las recomendaciones de los informes. El arqueólogo británico Dominic Perring afirmó en su informe [3] que la última palabra sobre los hallazgos debe esperar a la publicación, tras revisión por pares, por parte de los expertos internacionales más destacados. Pues bien, no se ha publicado ningún artículo científico sobre los hallazgos que haya pasado revisión por pares por parte de ninguno de los miembros de la Comisión o sus asesores externos, lo cual es difícilmente explicable, ya que, incluso suponiendo que los hallazgos fueran falsos, la supuesta falsificación sería un hecho extraordinario, pues sería la mayor en la historia de la arqueología profesional moderna, que requeriría de su publicación en la literatura científica (paradójicamente, las dos únicos artículos publicados en revistas científicas sobre los hallazgos de Iruña-Veleia apuntan en sentido favorable a su autenticidad [4,5]).
Una segunda recomendación de Dominic Perring fue la de realizar excavaciones de contraste en Iruña-Veleia por parte de un equipo arqueológico independiente con el fin de comprobar si se reproducen o no hallazgos similares, las cuales tampoco se han llevado a cabo.
9) No se ha redactado un documento final consensuado y firmado por todos los miembros de la Comisión, con las conclusiones de la evaluación y las recomendaciones de actuación, por lo que la declaración de falsedad de los hallazgos y la decisión de expulsar al equipo arqueológico del yacimiento no pueden atribuirse a la Comisión como tal, sino solamente a la DFA.
Por último, es de destacar el hecho de que algunos de los miembros de la comisión han expresado públicamente sus rectificaciones sobre lo escrito en sus propios informes o su insatisfacción con el proceso de evaluación en el que han participado [6,7].
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) facturo por mi segundo informe 5830 euros a LURMEN, entonces en mi factura como profesional aparece:
