• Jueves, Julio 09th, 2015

11_Miguel_Thomson

Principales conclusiones de Miguel Thomson:

1)  La  comisión  constituida  por  la  DFA  se  creó  como  comisión  “asesora”  del equipo arqueológico, no como  comisión evaluadora de la autenticidad o falsedad de los hallazgos. Si la comisión asesora hubiera encontrado suficientes indicios para sospechar la existencia de fraude, debería haberse iniciado un proceso de evaluación científica propiamente dicha para investigar la autenticidad o falsedad de los hallazgos, el cual no se ha llevado a cabo.

2) La presidenta de la comisión que evaluó los hallazgos ostentaba un cargo político,  cuando  el  máximo  responsable  de  dirigir  y  coordinar  el  proceso  de evaluación  científica,  de  seleccionar  a  los  evaluadores  y  de  redactar  las conclusiones finales debería de ser un experto de reconocido prestigio de alguna de las principales disciplinas implicadas en el estudio de los hallazgos.

3)  La  composición  del  equipo  de  expertos  estaba  fuertemente  sesgada, utilizándose criterios impropios de una evaluación científica en la selección de sus miembros, como  la nacionalidad (13 de los 16 autores de los informes son de nacionalidad española)  o  la institución  de procedencia (10 proceden  de la Universidad  del  País  Vasco),  cuando  se  deberían  haber  elegir  los  mejores especialistas, independientemente de su nacionalidad o institución de origen; es más,  es  importante  que  procedan  de  distintas  instituciones,  con  el  fin  de garantizar la independencia de las evaluaciones y evitar influencias mutuas.

4) Es importante que cada una de las disciplinas relevantes para el estudio de los hallazgos cuente con múltiples expertos. En los hallazgos de Iruña -Veleia, los grafitos con inscripciones en latín vulgar constituyen una amplia mayoría, y, sin embargo, la comisión carecía de latinistas especializados en el latín vulgar del  Imperio  tardío,  época  en  la  que  fueron  datados  estratigráficamente  los hallazgos.  La  comisión  tampoco  contó  con  arqueómetras,  siendo inexplicable esta ausencia, ya que la arqueometría es la más decisiva de las ciencias a la hora de datar hallazgos arqueológicos controvertidos.

5)  Es  fundamental  que  las  evaluaciones  sean  independientes  entre  sí.  Para garantizar  esta  independencia,  es  necesario  que  los  evaluadores  no  tengan acceso a los informes de los otros evaluadores hasta que finalice el proceso de evaluación.  Es evidente que esto no ha ocurrido  en el caso de Iruña-Veleia por las citas  mutuas de los  informes y por la extraña coincidencia en  múltiples  errores en las lecturas o en las interpretaciones de los grafitos.

6) En la selección de evaluadores deben excluirse de antemano aquellos que ya tengan  una  opinión  formada  sobre  el  hallazgo  objeto  de  estudio.  Entre  los miembros de la comisión, hubo dos  (Joaquín Gorrochategui y Joseba Lakarra) que  manifestaron  públicamente  sus  fuertes  sospechas  de  fraude  antes  de escribir sus informes, dejando claro uno de ellos (Joseba Lakarra) que antes de formar parte de la comisión ya estaba seguro de su falsedad.

7) Otro criterio habitual de exclusión en un proceso de evaluación científica es la existencia  de  conflictos  de  intereses,  de  manera  que  el  evaluador  no  pueda beneficiarse de su evaluación. Sin embargo, vemos que uno de los evaluadores, el  arqueólogo  Julio  Núñez,  fue  a  la  vez  juez  y  beneficiario,  al  ser  nombrado director de la excavación tras la expulsión de Eliseo Gil.

8) La DFA no ha seguido las recomendaciones de los informes. El arqueólogo británico Dominic Perring afirmó en su informe [3]  que la última palabra sobre los hallazgos debe esperar a la publicación, tras revisión por pares, por parte de los expertos internacionales más destacados. Pues bien, no se ha publicado ningún artículo científico  sobre los hallazgos  que haya pasado revisión por  pares por parte de ninguno de los miembros de la Comisión o sus asesores externos, lo cual  es  difícilmente  explicable,  ya  que,  incluso  suponiendo  que  los  hallazgos fueran falsos, la supuesta falsificación sería un hecho extraordinario, pues sería la mayor en la historia de la arqueología profesional moderna, que requeriría de su  publicación  en  la  literatura  científica  (paradójicamente,  las  dos  únicos artículos publicados  en revistas científicas sobre los hallazgos de Iruña-Veleia apuntan  en  sentido  favorable  a  su  autenticidad  [4,5]).

Una  segunda recomendación de Dominic Perring fue la de realizar excavaciones de contraste en Iruña-Veleia por parte de un equipo arqueológico independiente con el fin de comprobar si se reproducen o no hallazgos similares, las  cuales tampoco se han llevado a cabo.

9) No se ha redactado un documento final consensuado y firmado por todos los miembros  de  la  Comisión,  con  las  conclusiones  de  la  evaluación  y  las recomendaciones  de  actuación,  por  lo  que  la  declaración  de  falsedad  de  los hallazgos  y  la  decisión  de  expulsar  al  equipo  arqueológico  del  yacimiento  no pueden atribuirse a la Comisión como tal, sino solamente a la DFA.

Por último, es de destacar el hecho de que algunos de los miembros de la comisión han expresado públicamente sus rectificaciones sobre lo escrito en sus propios informes o su insatisfacción con el proceso de evaluación en el que han participado [6,7].

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